El grupo de trabajo sobre seguridad privada en infraestructuras arranca el lunes 11 de septiembre

• Constituido por el Gobierno y el sector para evitar nuevos conflictos como el de los trabajadores de Eulen en El Prat

El grupo de trabajo anunciado entre Gobierno y el sector de la vigilancia privada para analizar la situación de los trabajadores de este sector que prestan servicio en las infraestructuras públicas se pondrá en marcha el próximo lunes, 11 de septiembre, para cuando se ha convocado su primera reunión, según anunció el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna.

"Una vez que se ha logrado poner fin al conflicto de El Prat gracias al laudo, corresponde avanzar para contribuir a la que se logren acuerdos en la mesa de negociación colectiva del sector", indicó De la Serna.

En este sentido, el ministro indicó que se ha convocado la primera reunión del grupo de trabajo con el que el Ejecutivo contribuirá a que patronal y sindicatos de la seguridad privada logren posteriormente acuerdos.

Para ello, en el referido grupo de trabajo estarán presentes representantes de los ministerios de Fomento, Empleo, Hacienda e Interior, además de sindicatos y empresas, y su objetivo será analizar asuntos como la formación de los guardias de seguridad privada, la calidad y los tiempos de los puestos de trabajo, entre otros aspectos.

"El objetivo es que todos estos asuntos se trasladen después a la mesa de negociación colectiva sectorial nacional, a la negociación entre patronal y sindicatos", indicó De la Serna tras reunirse con la ministra de Transportes de Francia, Elisabeth Borne.

"No tiene sentido que la situación de este sector se aborde punto por punto, en cada una de las infraestructuras, sino a escala de todo el sector", añadió el ministro.

La constitución de este grupo de trabajo entre el Ejecutivo y el sector de la seguridad privada para analizar la situación de estos trabajadores destinados a infraestructuras públicas forma parte de las medidas puestas en marcha para solventar el conflicto surgido este verano en el colectivo de trabajadores de Eulen que prestan servicio de control de pasajeros en el aeropuerto de Barcelona El Prat.

En este sentido, el ministro no se pronunció sobre la asamblea que estos trabajadores tiene convocada para este lunes, tras recibir la pasada semana el laudo emitido por Marcos Peña.

Asimismo, De la Serna se limitó a asegurar que los trabajadores de Eulen "están en su derecho" de elevar el laudo al Tribunal Supremo, como han anunciado.

Fuente <http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/09/04/20170904120008.html>

Metro 'aplacará' las movilizaciones de los vigilantes con más presupuesto y un nuevo contrato

La Comunidad de Madrid está preparando un nuevo contrato para la seguridad del Metro que contará con más presupuesto y que perseguirá que las empresas adjudicatarias cumplan el convenio colectivo, algo que no hace la empresa prestataria de los servicios de vigilancia de la Zona Centro, Metro Sur, Línea 11, Suroeste de la Línea 5, Línea 10 y parte de la línea 6, cuyos trabajadores han anunciado movilizaciones.

Más dinero y la obligación de que las empresas adjudicatarias cumplan el convenio colectivo. Estas son las dos bazas con las que cuenta Metro de Madrid para 'aplacar' las movilizaciones que pretenden hacer los trabajadores de la seguridad del suburbano debido a los problemas que tienen con las empresas prestatarias actuales.

Estos contratiempos tienen su raíz en el retraso del pago de las nóminas y en la falta de cumplimiento de las normas que, según trabajadores de la empresa, realiza la sociedad prestataria de los servicios de vigilancia de la Zona Centro, Metro Sur, Línea 11, Suroeste de la Línea 5, Línea 10 y parte de la línea 6, Seguridad Integral Canaria (S.I.C).

Valle Sanz, responsable de UGT en S.I.C, explica a Madridiario que la empresa no paga según el convenio establecido y no retribuye todas las horas de nocturnidad como tal. Además, ha anunciado el cese de su actividad en las Islas Canarias, lo que los trabajadores radicados en Madrid entienden como una señal de que pronto dejará de prestar servicio en Metro, algo que supondría su despido.

Ante este panorama, UGT ha trasladado a la dirección de Metro de Madrid la "urgente" necesidad de que se activen los mecanismos legales para terminar con la prestación del servicio por parte de S.I.C y que la cesión se haga a una empresa que cumpla el convenio y mantenga todos los derechos a los trabajadores, que son un total de 400.

Para el sindicato, contratar empresas solventes y fiables debe ser una prioridad del Gobierno de la Comunidad, que ha aprovechado esta situación para dar las claves a Madridiario del nuevo contrato que preparan para mejorar las condiciones de los trabajadores y evitar así la celebración de huelgas.

El Gobierno reconoce los conflictos existentes con S.I.C y recuerda que les ha sancionado en varias ocasiones por, entre otros motivos, no respetar los servicios mínimos durante jornadas de huelga.

Debido a estos contratiempos -y a que a las empresas prestatarias se les acaba el plazo de adjudicación-, la Comunidad trabaja en un nuevo contrato global que cuente con más dinero que el actual y que ponga como condición sine qua non que las compañías que ganen los concursos cumplan el convenio colectivo. La subida de presupuesto sería de entre un 8 y un 10 por ciento -una cuantía de 230 millones, aproximadamente.

Fuente <https://www.madridiario.es/noticia/447796/transportes/metro-aplacara-las-movilizaciones-de-los-vigilantes-con-mas-presupuesto-y-un-nuevo-contrato.html>

El presidente de Eulen se sube el sueldo dos millones mientras rebaja un 40% el de su plantilla en la T4 de Barajas

Los conflictos laborales en los aeropuertos, como el acontecido en El Prat en estas ultimas fechas, no son nuevos para la empresa Eulen. Hemos rescatado esta noticia de la hemeroteca, en aquel momento, en plena ola de despidos y reducción de salarios de los vigilantes del aeropuerto de Madrid Barajas, el dueño y la hija de Eulen se subieron los salarios 2.000.000. de euros. 

Lo que esta pasando en El Prat no es accidental, no es un caso aislado, es una forma de funcionamiento y de entender las relaciones laborales: EXPLOTACION DE SUS TRABAJADORES.

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LOS TRABAJADORES IRÁN A LA HUELGA EN LA T4 DE BARAJAS ANTE EL ANUNCIO DE DESPIDOS Y REBAJAS DE SUELDO DEL 40%

El Presidente del Grupo Eulen se ha triplicado el sueldo en mitad de los apuros económicos de la empresa. La compañía planea despidos y rebajas de sueldo del 40% a los trabajadores de la T4 que amenazan con huelga indefinida a partir del día 17 de enero. En una junta de accionistas, David Álvarez se sube 1.750.000 anuales el salario y duplica la nómina de su hija.

El Presidente del Grupo Eulen, David Álvarez, se ha triplicado el sueldo en mitad de los apuros económicos de los trabajadores de la empresa. El patriarca de la compañía de seguridad y limpieza se enfrenta a la huelga indefinida de sus empleados en la T4 de Barajas tras anunciarles una bajada de sueldo del 40% y tras un proceso de despidos mediante un ERE. Sin embargo, en una junta de accionistas celebrada el pasado 28 de diciembre, Álvarez aprobó una subida de sueldo para él de 1.750.000 anuales y duplicar el salario de su hija para que ingrese 460.000 euros más, según recoge el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli.

a empresa justifica la subida conjunta de sueldo de 2.210.000 euros de ambos en "su participación y dedicación, así en como los méritos y valores contraídos", según recoge el documento ratificado en la junta. 

Con ese reparto:

• El Presidente de la compañía, David Álvarez,  pasa de tener un salario de 860.000 euros anuales a tener una nómina de 2,6 millones de euros brutos al año
• La vicepresidenta de la compañía, su hija María José Álvarez, añade a sus 430.000 euros fijos y los 166.000 variables que ya cobraba según la memoria corporativa de 2011, a ingresar ahora más de un millón de euros anuales.

La subida de sueldo de la cúpula de una empresa que cuenta con 81.000 empleados contrasta con la rebaja de salario que pretende aplicar a sus trabajadores en el aeropuerto de Barajas. Según fuentes del comité de empresa, la compañía pretende aplicar una reducción "de unos 400 a 500 euros al mes a trabajadores que cobran una media de 1.200 euros", mientras que en el caso de los empleados del fin de semana el recorte "será de unos 300 euros, cuando cobran entre 800 y 900 euros".

Eulen justifica la subida de sueldo en los méritos y valores de su presidente

Esas cifras contrastan también con la cuenta de resultados de una empresa que recortó sus beneficios un 23% el pasado año y que –según fuentes de la compañía—prevé una nueva caída de beneficios del 20% para este año tras los recortes de gasto aprobados por AENA.

Los críticos denuncian el "vaciamiento de la compañía"

La familia que dirige la multinacional de seguridad y limpieza, una empresa clave para el funcionamiento de Barajas, mantiene una guerra abierta por el control de la compañía desde hace ya varios meses con sus propios hijos. Cinco de los herederos del patriarca cuestionan la gestión y el reparto accionarial de su padre, David Álvarez, de 85 años quien además es consejero independiente de Enagás (cargo por el que se embolsa otros 64.000 euros anuales). Junto a él se han alineado sus otros dos hijos (María José y Jesús David).  

En la junta de accionistas que se celebró al cierre del pasado año, los hijos rebeldes de Álvarez reprocharon las medidas adoptadas por la cúpula de la empresa que ha dado luz verde no sólo a las nuevas retribuciones sino también, entre otras cosas, a un contrato de patrocinio con la Fundación Instituto Bíblico Oriental, según revelan asistentes a esa junta. Según esas mismas fuentes, acusaron al padre de “detraer bienes de la sociedad en su provecho exclusivo y de forma concertada con los administradores”.

Tras la última votación, ahora, el poder repartido en Eulen de la siguiente forma: el Presidente y sus dos hijos acumulan el 60% de los votos mientras que los críticos suman un 33,6%. 

El Grupo Eulen es la primera empresa de servicios de limpieza, seguridad privada, servicios sociosanitarios, servicios auxiliares y mantenimiento del país. Según sus propios balances, la compañía alcanzó en el año 2011 unas ventas consolidadas de 1.348 millones de euros. Según sus últimas cifras, la empresa cuenta con una plantilla de casi 81.000 trabajadores repartidos entre los 49.220 que emplea en España y los 31.372 contratados en el extranjero.

Disponible en <http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Grupo_Eulen-David_Alvarez-xx_0_550744975.html>

CCOO y ELA convocan una reunión para la constitución de la mesa negociadora de un convenio de seguridad privada para Euskadi

Los sindicatos ELA y CCOO solicitan  que se convoque a las Asociaciones Patronales:

- Fes (federación Empresarial Española de seguridad)

- APROSER (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad)

y a los Sindicatos

-UGT

-LSB-USO

A una reunión que se celebrara el próximo día 18 de julio a las 11.30 horas en la sede de ese Organismo en Donostia con el único objeto de constituir la Mesa Negociadora para el convenio Colectivo de Seguridad Privada en el ámbito Territorial de la CAPV (Comunidad Autónoma del País Vasco)

Solicitamos también que se envié junto con las convocatorias el certificado emitido por el Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco que se adjunta.

Otro duro mazazo a los vigilantes

Los vigilantes de seguridad de los edificios administrativos de la Junta de Comunidades siguen en alerta por la UTE concesionaria del servicio que un mes más les ha reducido el salario. En esta ocasión denuncian que entre 500 y 800 euros.

La Consejería de Hacienda, de la que depende este contrato, ya ha dado luz verde a su rescisión tras constatar la bajada salarial que temían los sindicatos, pero un mes más los trabajadores de las provincias de Ciudad Real, Guadalajara y Toledo han percibido un brutal recorte en sus nóminas. Por ello, esta mañana se volvieron a concentrar en Toledo para reclamar sus derechos.

Fuente: latribunadetoledo.es

Disponible <http://www.latribunadetoledo.es/Noticia/ZF31C1DE3-C5D8-E374-0C5154263B528BE1/Otro-duro-mazazo-a-los-vigilantes>

Seguridad Integral Canaria asegura que tiene normalizadas sus obligaciones con Hacienda

Sostiene que la Administración pública ha llegado a acumular el pasado año más de 30 millones de euros de deuda con la empresa. La entidad empresarial afirma que paga anualmente 70 millones de euros en impuestos y cotizaciones.

Seguridad Integral Canaria (SIC) ha asegurado que sus  obligaciones fiscales están "absolutamente normalizadas  a fecha de hoy" y ha manifestado que la aparición de la empresa e un listado de morosos publicado este viernes por la Agencia Tributaria "no responde para nada a la realidad actual".

El grupo afirma en un comunicado que, al contrario, las que no están "normalizadas" son las obligaciones de pago d e la Administración pública a SIC, hasta el punto de que "la deuda con la empresa se cifraba en más de 30 millones de euros a 31 de diciembre pasado, fecha que es la manejada por la Agencia Tributaria".

"A día de hoy Seguridad Integral está totalmente al corriente de sus obligaciones con Hacienda y, si no lo estaba al cerrar el ejercicio del año pasado, fue por un problema puntual de tesorería en relación a dos pagos aplazados del IVA y provocado por la misma Administración pública que elabora las listas de morosos", insiste.

El grupo sostiene que Patrimonio del Estado y el Ministerio de Defensa adeudan a la empresa más de 6 millones de euros vencidos y devengados por servicios prestados en su mayoría en 2016. Es decir, con una antigüedad de saldo del mes de octubre del año pasado.

Las deudas vencidas de otras administraciones públicas con la empresa, continua, elevarían esa cifra hasta unos 16 millones de euros, montante que SIC "debería haber recibido hace ya meses y, sin embargo, sigue pendiente".

Al respecto, considera que "resulta llamativo que la misma Administración que no cumple sus obligaciones legales de pago por los servicios contratados con Seguridad Integral, exija a la empresa el cumplimiento de obligaciones fiscales precisamente por las cantidades que no le ha abonado e, incluso, la inserte en una lista de morosos, circunstancia que no sólo es injusta, sino hasta incongruente".

La entidad destaca que anualmente paga 70 millones de euros entre impuestos (IRPF, IVA e IGIC) y cotizaciones (Seguridad Social), de tal manera que los 2,9 millones que se adeudaron a 31 de diciembre pasado representaban tan sólo un 4,8% de las cantidades tributadas.

Fuente: eldiario.es

Disponible <http://www.eldiario.es/canariasahora/economia/Seguridad-Integral-Canaria-normalizadas-Hacienda_0_657585206.html>

Los vigilantes de seguridad, apaleados por la crisis

La conflictividad aumenta más que los sueldos

Son mileuristas, trabajan noches y festivos con altos niveles de peligrosidad y siniestralidad laboral, en puestos de alta responsabilidad (aeropuertos, centrales nucleares), de cara al público en ambientes tensos (conciertos y centros de ocio). No es un colectivo con buenas condiciones laborales, pero quieren recortarle más. Los sindicatos plantan cara a una patronal que utiliza la reforma laboral para descolgarse del convenio sectorial.

Las tres mayores centrales sindicales (USO, UGT y CCOO) han convocado una protesta del sector frente a la patronal Aproser contra lo que consideran una precarización de sus condiciones laborales.  "Pretenden rebajar todas las mejoras que tiene el convenio respecto al estatuto de los trabajadores", dijo a bez.es Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical en la Federación de Construcción y Servicios de CCOO.

Cientos de vigilantes de seguridad de toda España se han concentrado hoy en la calle Marqués de Urquijo. Se trata de la segunda movilización ante la sede principal de Aproser durante la negociación del convenio colectivo del sector.

Los sindicatos reclaman una subida salarial del 3% para 2017 y otro 3% por cada año de vigencia del convenio y la patronal ofrece un 2% en 2017 y un 1,5% el segundo año.

"La concentración es sólo un primer paso, se pretende continuar con más medidas de presión según vaya evolucionando la negociación, y no se descarta ninguna", advierte Barragán, desde CCOO.

Al ser una actividad regulada por el Ministerio del Interior, muchas veces a cargo de la seguridad en infraestructuras críticas u organismos públicos, los servicios mínimos impuestos a los vigilantes -que pueden rondar entre un 80% y un 100%- limitarían la efectividad de una huelga general del sector. Por eso, los sindicatos optan por otras vías, como concentraciones ante empresas, presión sobre clientes o denuncias para que se hagan inspecciones de trabajo.

"Es necesario un paso adelante en la consideración de la figura del vigilante, es el momento de que se recuperen derechos sociales y salariales de un sector muy castigado por los últimos años de crisis, es el momento de modernizar el texto del convenio y de incluir las nuevas modalidades y perfiles profesionales que se están dando en el sector", agregó Barragán, de CCOO.

Los sindicatos denuncian que empresas que forman parte de Aproser (Alse, Eulen, Grupo Omega, Prosegur, Loomis, Sabico, Securitas, Segurisa, Trablisa) se han acogido a la posibilidad que brinda a las empresas la reforma laboral del PP para descolgarse del convenio colectivo y hacer convenios de empresa, con prioridad de éstos sobre los sectoriales, y que cerca de un 30% de los casi 80.000 trabajadores del sector cobran 300 euros menos de media, un descuento especialmente lesivo para un trabajador mileurista. Aunque el número final de trabajadores es muy difícil de determinar debido a que es un colectivo con elevadas subcontratación.

Desde la patronal, que representa al 70% de los vigilantes de seguridad niegan que sus empresas se acojan a la reforma laboral porque su reglamento lo prohíbe.

"De hecho, las empresas que pertenecen a Aproser promueven lo contrario: el cumplimiento estricto e íntegro de la normativa laboral y del convenio colectivo de seguridad”, dijeron a bez.es desde la patronal, remitiéndose al punto 3.2.7.2.5 de su Especificación Técnica, el decálogo que determina los requisitos de gestión profesional y deontológicos de las empresas que pertenecen a la asociación.

"Tenemos que buscar otras maneras de combatir, con huelgas por empresas o servicios determinados, que incidan en clientes. Si hacemos huelgas puntuales, no sectoriales, generaremos unas incomodidades a las empresas, y estarán obligadas a hablar con los clientes",  señaló a bez.es Basilio Alberto Febles, secretario general de Seguridad Privada de Unión Sindical Obrera.

Competencia en base a recortes salariales

Los sindicatos señalan que las empresas están precarizando en base a su competencia de precios: los recortes salariales son los que permiten bajar considerablemente las ofertas en las licitaciones públicas y así ganar contratos a costa de los salarios.

Esto es paradójico cuando la seguridad privada se expande progresivamente hacia la custodia y protección de lugares estratégicos y de alto riesgo y, "en contrapartida, los propios clientes valoren a las empresas con el único criterio de la oferta más económica, que normalmente es la de mayor incumplimiento", señalan los sindicatos.

Detalles de la negociación

En el aspecto económico, además de lo salarial, según los sindicatos, la patronal quiere eliminar la antigüedad, rebajar sus aportaciones en casos de bajas por enfermedad. Los trabajadores del sector tenían mejoras conseguidas en convenios anteriores y no quieren perderlas. Los tres primeros días de baja cobran el 50% y a partir del tercer día se incrementa la parte que subvencionan las empresas llegando hasta el 75% en bajas de mas de dos meses. Además, la patronal pretende congelar la antigüedad. "Estamos dispuestos a hablar de la congelación de la antigüedad pero a cambio de una subida del salario base que compense lo que pierden todos los trabajadores", señaló Febles, de USO.

Fuente: www.bez.es

Disponible <http://www.bez.es/129008561/Los-vigilantes-de-seguridad-apaleados-por-la-crisis.html#posicion_3>

Muere un vigilante de seguridad golpeado por la puerta de un garaje en Sevilla

El hombre ha muerto como consecuencia de un accidente laboral El suceso ha tenido lugar en la calle Doctor Pedro Albert de Sevilla

Un vigilante de seguridad ha fallecido este pasado martes por la noche, como consecuencia de un accidente laboral acontecido en la calle Doctor Pedro Albert de Sevilla capital, paralela a la avenida concejal Alberto Jiménez Becerril, presumiblemente al haber sido «golpeado por la puerta de un garaje», según CCOO.

Según han informado a Europa Press fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, en efecto, poco antes de las 23,10 horas de este martes se solicitaba asistencia sanitaria, para un varón que yacía «ensangrentado» en el suelo en la calle Doctor Pedro Albert. Los facultativos sanitarios, según el 112, sólo pudieron certificar la muerte de esta persona.

La unión provincial de CCOO, en ese sentido, expone en un comunicado que a la espera de la confirmación de las causas de la muerte de este trabajador, en principio todo apunta a que «habría sido golpeado por la puerta de un garaje».

El secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha lamentado la muerte de trabajador y ha mostrado las condolencias de CCOO al entorno del fallecido. Esta nueva muerte en el trabajo, según avisa, es la número 13 en lo que va de año, es decir, una muerte en accidente laboral cada 14 días en la provincia de Sevilla.

La muerte en accidente laboral de este trabajador se producía, por cierto, horas antes de la concentración sindical celebrada en la Plaza Nueva, en para reclamar a la patronal de la seguridad privada avances en la negociación del nuevo convenio nacional del sector.

Fuente: abc.es

Disponible en <http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-muere-vigilante-seguridad-golpeado-puerta-garaje-sevilla-201706281453_noticia.html>

La Comunidad de Madrid deja los juzgados sin vigilantes armados por un mal trámite

El Gobierno de Cifuentes no solicitó correctamente la autorización. Durante 10 meses pagó indebidamente 120.000 euros a la empresa de seguridad por vigilantes desarmados, que deberían llevar arma por contrato. No se percataron hasta febrero de este año

Ni en los Juzgados Especiales de Violencia de Género, ni en el Registro Civil, ni en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ni en la Audiencia Provincial, ni en los juzgados de Plaza de Castilla, ni en los juzgados de Penales (en Julián Camarillo), ni siquiera en el Depósito de Efectos Judiciales. Ninguna de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid han estado protegidas por vigilantes armados, a pesar de ser un requisito obligatorio, según el contrato de ‘vigilancia y seguridad de las sedes judiciales madrileñas’ de la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Durante los últimos 16 meses – entre abril de 2016 y hasta el próximo 1 de agosto-, los guardas jurados van desarmados porque ni la Comunidad de Madrid, ni la empresa adjudicataria tramitaron adecuadamente los permisos para que estos vigilantes pudiesen llevar su arma reglamentaria.

Según los documentos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, la Consejería de Presidencia y Justicia comunicó en el mes de abril a la Delegación del Gobierno que una nueva empresa, la UTE Sasegur, había asumido el servicio de vigilancia y seguridad, y por tanto inciaban la autorización para que sus vigilantes pudiesen llevar armas. Aquí vino el primero error.

La Delegación del Gobierno, según han explicado a la SER desde esta institución, respondió a la Dirección General de Seguridad y Justicia que "esa solicitud no podía hacerse de forma genérica, sino juzgado por juzgado" - llegaron a aportarles resoluciones de otros años para que supiesen el formato que debían presentar-.

Solicitud de la Comunidad de Madrid para que los vigilantes pudiesen ir armados en los juzgados madrileños / Cadena SER

La Comunidad de Madrid volvió a intentarlo. Lo hizo en el mes de junio, es decir, 6 meses después de que el contrato ya hubiese entrado en vigor. Y aquí llegó el segundo fallo. Según fuentes de la Delegación, a raíz de aquella solicitud comunicaron al Ejecutivo de Cifuentes que esa autorización debería hacerla la empresa adjudicataria y no ellos.

Pero todos se pasan la pelota. “Si tardamos varios meses en realizar esa solicitud fue porque la Delegación del Gobierno tardó dos meses en responder a la carta que les enviamos en abril”, advierte a la SER la actual Directora General de Justicia, Yolanda Ibarrola, que fue quien descubrió este problema en el mes de febrero (la anterior directora, Cristina Díaz fue cesada en enero de este año). Desde la Dirección General de Justicia creen que el error no ha sido de ellos, sino de “la empresa adjudicataria que no solicitó de forma oficial la autorización como estaba obligada por el contrato”, según Yolanda Ibarrola. Sin embargo, en otro documento al que ha tenido acceso la Cadena SER, fechado el 11 de mayo de 2017, la misma Dirección General reconoce que el problema de los permisos fue "por causas no imputables a la UTE Sasegur".

Desde esa compañía, Sasegur niegan a la SER tener algún tipo de responsabilidad en estos fallos. Defienden que nadie les comunicó hasta el 17 de marzo de este año, que tendrían que ser ellos quienes debían encargarse de toda la gestión ante la Delegación del Gobierno (aunque esa obligación figuraba en el artículo 3 del Pliego de Condiciones Técnicas del Contrato). La compañía asumió el encargo, solo 7 días después solicitaron la autorización para las 21 sedes judiciales, y ha sido ahora, cuando lo han conseguido (después de pagar las tasas).

Pagos indebidos por vigilantes desarmados

El único problema no solo ha sido que durante meses los juzgados hayan estado con vigilantes desarmados. Ha habido más. El Gobierno de Cifuentes ha estado pagando mes tras mes por un equipo de vigilantes, que iban desarmados, cuando el contrato obligaba a que portasen un arma. Así lo reconocen tanto la Comunidad de Madrid, como la empresa, que admite que entre abril de 2016 y enero de 2017, la Consejería de Presidencia y Justicia ha abonado indebidamente 120.534,26 euros por un servicio de seguridad que no han prestado. Se trata del plus de peligrosidad que cobran los vigilantes que portan un arma, 26 de ellos cobraron al mes 140’70 euros y otros 81 guardas recibieron otros 18’84 euros mensuales.

La Dirección General de Justicia se percató de este problema en febrero. Es decir, tardaron 10 meses en darse cuenta de que estaban pagando por unos servicios que no estaban recibiendo. Sasegur insiste a la SER que en ningún momento ellos han sido responsables de estos pagos indebidos. "Es más, nosotros ya les comunicamos en varias ocasiones nuestra preocupación por el retraso en la autorización y la merma que eso nos podría ocasionar". Esta compañía - que presta unos 300 vigilantes a los juzgados madrileños- confirma que se ha llegado ya a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para ir descontando lo que han cobrado de más - no se lo descontarán a los trabajadores que recibieron ese plus-.

Actualmente se están instalando los armeros en las sedes judiciales y está previsto que el próximo 1 de agosto comiencen los servicios armados.

Fuente: cadenaser.com

Disponible en <http://cadenaser.com/emisora/2017/06/27/radio_madrid/1498568411_530391.html>

El Consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha comunica por escrito a Sinergias la obligación de abonar los salarios según convenio sectorial y les requiere para que regularicen los salarios, de negarse iniciara el procedimiento de resolución del contrato

La amenaza enviada por escrito se ha cumplido y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha iniciado el procedimiento de resolución del contrato suscrito con la adjudicataria Sinergias, que se encarga desde el 1 de mayo del servicio de vigilancia y seguridad en los edificios de la Junta de Castilla-La Mancha y el Servicio de Salud en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara. El Gobierno regional ha tomado esta decisión tras constatar que la adjudicataria no ha aplicado a los trabajadores el convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad. Este colectivo laboral ha protagonizado sucesivas movilizaciones desde la entrada en vigor del nuevo contrato.

En una resolución dictada por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, se notifica a la adjudicataria, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sinergias de Vigilancia y Seguridad, S.A. y Cyrasa Seguridad S.L., el inicio del procedimiento de resolución del contrato, al haber aplicado su propio convenio de empresa a los trabajadores, lo que les ocasiona una notable merma de sus retribuciones.

Con esta resolución, la Junta cumple el compromiso adquirido con los trabajadores, que manifestó públicamente y en sede parlamentaria, de iniciar de forma inmediata el expediente de resolución del contrato una vez que se hubiera constatado que la adjudicataria no aplicaba el convenio colectivo estatal.

Así lo ha podido comprobar la Consejería tras concluir el primer mes de ejecución del contrato y haberse producido una importante disminución de las retribuciones de los trabajadores, concretamente de 300 euros, respecto a lo establecido en el convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad, que era el aplicable a los trabajadores adscritos al contrato.

Una vez notificada la resolución a la UTE y continuando con la comunicación que mantiene con los trabajadores, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado a los vigilantes de seguridad de los edificios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en estas tres provincias del inicio del expediente de resolución, con el objetivo de que conozcan el estado de un procedimiento que les afecta de forma directa.

Ha pasado más de un mes desde que entrara en vigor la nueva contrata de Sinergias en los servicios de vigilancia y seguridad de la Junta, y las movilizaciones de los trabajadores han ido desde el Palacio de Fuensalida de Toledo (sede del Gobierno regional), hasta las Cortes de Castilla-La Mancha y el Museo del Ejército de Toledo, donde también han denunciado que el Ministerio de Defensa ha adjudicado estos servicios a Marsegur S.A., del mismo entorno empresarial que Sinergias.

Un convenio de empresa peor que el estatal

Los sindicatos han denunciado hasta ahora que, aprovechando que así se lo permite la reforma laboral del PP, Sinergias Seguridad tiene su propio convenio de empresa, muy por debajo del convenio estatal del sector tanto en salarios como en condiciones laborales, lo que ha permitido a ambas empresas presentar las ofertas económicas más ventajosas en los concursos convocados por el Ministerio de Defensa y por la Junta.

Concretamente, el nuevo pliego de condiciones afecta un total de 130 trabajadores de la comunidad autónoma e incorpora un sueldo de 690 euros mensuales, por debajo de los 1.000 euros y del Salario Mínimo Interprofesional.

Hasta ahora, la Junta ha mantenido su compromiso de velar por el cumplimento del pliego de condiciones y de actuar si no se cumple el convenio estatal del colectivo de vigilantes de seguridad, lo que finalmente ha sucedido con la primera nómina. Pero los sindicatos piden además que se incluya una cláusula en el pliego garantizando que se mantienen las condiciones laborales, a lo que hasta ahora se ha negado la compañía.

Huelga indefinida

Los vigilantes de seguridad han anunciado que irán a la huelga indefinida a partir del próximo 3 de julio si el Gobierno regional no rescinde antes de esa fecha el contrato de la actual adjudicataria de estos servicios. Así lo ha decidido la asamblea de trabajadores tras comprobar que la nueva adjudicataria, Sinergias ha modificado de forma sustancial sus condiciones de trabajo y sus salarios.

Por su parte, la Inspección de Trabajo, ante la denuncia sindical de la modificación sustancial de las condiciones sufrida por los vigilantes, ha citado el próximo lunes a las 12.00 tanto a la empresa como a los representantes de los trabajadores.

Fuente: ELDIARIO.ES

Disponible <http://www.eldiario.es/clm/Junta-contrata-vigilantes-seguridad-reducirles_0_652685101.html>

La industria de la desigualdad: por qué el mundo está obsesionado con la seguridad privada

“La gente te dice que, en cuanto pueda, invertirá en seguridad privada”

En la mayor parte del mundo el número de trabajadores de seguridad privada ya supera al de oficiales de policía: más de 20 millones de personas
Comparado con las cifras que mueve el sector, el esfuerzo para terminar con la pobreza mundial es minúsculo
El negocio crece especialmente en los países en desarrollo y en las ciudades y zonas de los países desarrollados donde se ha ampliado la brecha entre ricos y pobres
La mayor empresa de seguridad privada del planeta, G4S, contrata a más de medio millón de personas en todo el mundo

Al menos la mitad de la población mundial vive en países donde hay más empleados privados de seguridad que oficiales de policía, según un análisis de the Guardian. En más de 40 países, entre los que se incluyen Estados Unidos, China, Canadá, Australia y Reino Unido, los trabajadores contratados para proteger personas, lugares y cosas superan a los oficiales de policía dedicados a proteger al público en general. Durante 2015, en Reino Unido hubo 232.000 guardias privados contratados frente a 151.000 policías.

El mercado global de servicios de seguridad privada, que incluye la custodia, la vigilancia y el transporte armado, equivale a unos 161.000 millones de euros hoy y se estima que para 2020 representará unos 215.000 millones de euros. Una cifra muy superior al presupuesto total de ayuda internacional para terminar con la pobreza en el mundo ( 125.000 millones de euros al año) y al PIB de más de 100 países, como Hungría o Marruecos.

Los guardias de seguridad privados custodian centros comerciales, comunidades cerradas para las élites y hasta calles públicas. A menudo visten uniformes que se asemejan a los de la policía de algunos países, como en Italia y España. También llevan pistolas.

Desde  El Salvador hasta Vietnam, guardias de seguridad privados controlan el acceso a las zonas residenciales de las élites, aisladas de las ciudades que las rodean. En la capital comercial de Myanmar, Yangon, guardias y detectores de metales regulan la entrada en los hoteles de lujo levantados sobre la pobreza extrema de su alrededor.

Los perros guardianes ladran tras los altos muros y alambres de púas que se han extendido por los barrios ricos de Sudáfrica. En 2015 había casi 500.000 guardias de seguridad en todo el país, dos veces más que todas sus fuerzas armadas y policiales.

La expansión del mercado de la seguridad privada

Las estimaciones hablan de más de 20 millones de trabajadores de seguridad privada en todo el mundo, un número mayor al de holandeses o chilenos. Según Rita Abrahamsen, de la Universidad de Ottawa, la seguridad privada "cotidiana" se ha vuelto "tan extendida que apenas se detecta, se da por descontada. Uno deja de darse cuenta de que hay guardias por todas partes". En su opinión, la expansión de guardias privados, vallas y puertas es una "muestra muy física de la desigualdad". Aunque también reconoce que la industria da empleo a una gran cantidad de personas. En varios países, es uno de los pocos sectores en crecimiento.

De acuerdo con Deborah Avant, de la Universidad de Denver, la industria de la seguridad privada explotó con los contratos de las guerras de Irak y Afganistán lideradas por Estados Unidos, cuando "un ejército de trabajadores privados inundó esos países para hacer todo tipo de cosas". Después de eso, dijo, el sector "comenzó a buscar clientes en otros lugares... en la seguridad privada de sus países de origen pero también en la gente que vive fuera, en el sector privado, en las empresas". En opinión de Avant, el crecimiento de la desigualdad también ha jugado un papel importante. "El que tiene un montón más (de dinero) que todos los que están alrededor quiere protegerlo. Contratar (seguridad) en el sector privado es la manera más directa de lograrlo".

Servicios para el 1%

Según la cámara que agrupa al sector en Reino Unido, la industria de la seguridad privada movió más de 7.000 millones de euros en ese país en 2015. Entre los clientes también hay comunidades locales. Hay informes de un pueblo de Essex en el que, tras el cierre de la comisaría local, los residentes contrataron seguridad privada para que patrullara las calles (públicas) por las noches.

Otras empresas buscan sus clientes entre la élite: el servicio para suscriptores My Local Bobby (Mi policía local) atiende a los ricos de las zonas más caras de Londres. Según uno de sus fundadores, exoficial de policía, el servicio "es similar al pagado por los que contratan seguros de salud privada: gente que paga por algo que el Estado provee".

Este mes, Jeremy Corbyn prometió que si el Partido Laborista gana las próximas elecciones sumarán 10.000 agentes a las fuerzas policiales. "Muy pocos de nosotros viven en comunidades cerradas con su propia seguridad privada", justificó la medida su responsable de Interior, Diane Abbott. "La gente común es la que sufre la mayoría de los crímenes", remató.

Algunas empresas de seguridad privada se dirigen de forma explícita al 1% más adinerado, ofreciendo servicios como respuesta a situaciones de crisis para ultra millonarios, paquetes de "protección personal para ejecutivos", y seguridad para súper yates. "En las casas bien dotadas de personal de todo el mundo, el guardaespaldas es la nueva niñera", decía en 2016 la revista estadounidense Town & Country. "El miedo al terrorismo, un clima político volátil y la sensación generalizada de que la creación de riqueza de unos pocos ha ocurrido en detrimento de la de  muchos han convertido en norma a la paranoia", explicaba el artículo.

En Reino Unido, la empresa londinense  Westminster Security se enorgullece de tener empleados con experiencia militar y policial para ofrecer "seguridad completa y gestionar la vida de individuos de alto valor, familias y empresas". En Estados Unidos, la agencia Pinkerton dice contar con 170 años de experiencia y "agentes altamente capacitados" para proteger a "gerentes de empresas del ranking Fortune 100 y sus empleados, artistas famosos, atletas, personas con muchas posesiones, familias reales y diplomáticos".

El ciclo vicioso de la desigualdad

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "todos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" y "nadie puede ser arbitrariamente privado de su propiedad".

Se espera de los gobiernos que trabajen poco a poco en la realización de estos derechos, pero cuando la seguridad privada permite saltarse al Estado a los ricos y también a la clase media, las desigualdades en un país pueden intensificarse.

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas lanzó una advertencia ante la expansión de la seguridad privada en América Latina: "Este fenómeno aumenta aún más la desigualdad, teniendo en cuenta que los diferentes grupos sociales tienen capacidades diferentes para enfrentar el crimen".

En una investigación publicada en 2014, los economistas Samuel Bowles y Arjun Jayadev encontraron que en Estados Unidos había " tantos guardias de seguridad como profesores de secundaria". Según las estadísticas del Departamento de Trabajo, más de 1,1 millones de guardias de seguridad privada trabajan en los EEUU, comparado con aproximadamente 660.000 policías y sheriffs.

En Reino Unido, y según la Confederación de Servicios de Seguridad Europeos (CoESS, por sus siglas en inglés), había 232.000 guardias de seguridad en 2015. Un número comparable al de profesores de secundaria (unos 250.000) y muy superior al de policías: excluyendo a los oficiales de apoyo y a los agentes voluntarios, en marzo de 2016 había un total de 151.000 oficiales de policía operando dentro del país.

Bowles y Jayadeve también encontraron que las ciudades y los estados más desiguales de EEUU tenían niveles superiores de "trabajo de guardia", un término amplio que incluye seguridad privada, policía, alguaciles, funcionarios de prisiones, custodia para el transporte y otras ocupaciones relacionadas. El mismo patrón impera a nivel global: los países más desiguales son también los que tienen más gente cobrando un sueldo a cambio de proteger a personas o cosas.

Para Jayadev, el crecimiento de la industria de seguridad privada tal vez sea un reflejo del "quiebre de la confianza y los lazos comunitarios" provocados por la creciente desigualdad. En su estudio le impresionó especialmente constatar que el "trabajo de guardia" es un sector en crecimiento en la economía de Estados Unidos, y no la inversión en educación, de gran importancia para el conjunto de la sociedad.

Entrevistado por  the Guardian desde Bangalore, donde enseña en la Universidad de Azim Premji, Jayadev afirma que en India se ha producido una gran "separación de los ricos del resto de la economía: descansan en los servicios privados para cada aspecto de su vida".

En su opinión, buscan en esos servicios "todas las cosas que el Estado podría proporcionar, incluyendo la seguridad". Se calcula que la industria de la seguridad privada emplea al menos a 7 millones de personas en India, mucho más que la policía (aproximadamente 1,7 millones de oficiales en 2013).

La seguridad como símbolo

La mayor empresa de seguridad privada del planeta, G4S, contrata a más de medio millón de personas en todo el mundo. Publicado en marzo, su último informe anual habla de ingresos por 7.900 millones de euros para 2016, y beneficios de 524.000.000. Entre 2015 y 2016, sus ingresos en América del Norte crecieron un 12%. En América Latina y África, un 7%.

Se espera que el negocio global de la seguridad privada (incluye a los guardias y también al control de alarmas, el transporte armado y otros servicios para clientes residenciales, gobiernos y negocios) siga creciendo hasta llegar 215.000 millones de euros en 2020, de acuerdo con la empresa de investigación de mercados Freedonia Group, en la que firmas como G4S confían para elaborar sus propios informes.

Pero los números reales podrían ser aún mayores. Hay pocas estadísticas actualizadas y comparables a nivel internacional, poco seguimiento independiente y transparente, y escasean los registros. Los datos de la industria también dejan fuera los trabajos de seguridad informales y en negro. Según las estimaciones de Freedonia, el negocio mundial crece más rápido que el conjunto de la economía, a casi un 6% anual. Parece estar expandiéndose más velozmente en países en desarrollo y en Asia, con China e India como sus principales mercados.

En enero de 2017, los responsables de comunicación de Freedonia escribieron que había "una percepción extendida de que el crimen está aumentando", lo que redunda en los intereses de los servicios de seguridad, "incluso cuando las tasas de criminalidad están bajando en muchos países". "En varios países en desarrollo, los guardaespaldas y otros servicios de seguridad residencial son vistos como símbolos de riqueza, proveen tanto protección como estatus social... La demanda de guardias es especialmente fuerte en los países en desarrollo, donde contratar guardias es más asequible que invertir en tecnología debido al bajo costo de la mano de obra".

Según Abrahamsen, en la mayoría de los países africanos "se ha hecho muy poco por regular el sector de la seguridad privada". En su opinión, "es porque era una fuente de empleo. El Estado y los gobiernos estaban muy contentos con dejarlo a su aire".

De acuerdo con Abrahamsen, gobiernos como los de Uganda y Sierra Leona también han facilitado la exportación de trabajadores de seguridad apoyando activamente el reclutamiento de sus ciudadanos para trabajar como guardias en otros países. Pero no solo la élite compra seguridad. En Kenya también está "creciendo entre las áreas de la clase baja y media". "La gente te dice que, en cuanto pueda, invertirá en seguridad privada", asegura Abrahamsen.

Más rápido que la regulación

Las subcontrataciones gubernamentales no son la razón principal detrás del crecimiento de la seguridad privada. De hecho, en los últimos años los Estados ni siquiera son los principales clientes. Según Catherine Piana, directora general de CoESS, en Europa el 70% de los clientes de la industria está compuesto por otras empresas privadas, no por las autoridades públicas.

Según Piana, "el catálogo de servicios ahora es muy amplio, por supuesto en función del cliente". Para la protección de amenazas terroristas, por ejemplo, los guardias "a menudo están en puestos de vigilancia frente a los edificios, donde pueden detectar actividades extrañas y reportarlas": "Así que también tienen la posibilidad de recoger información".

La información sobre el sector a nivel internacional es irregular, pero la Encuesta de Armas Ligeras de Ginebra informó en 2011 que había unos 19,5 millones de guardias de seguridad privada en 70 países. "Como otros servicios comerciales, sólo aquellos que pueden y quieren pagarla se benefician de ella. Esta dinámica genera el riesgo de exacerbar las disparidades entre los ricos, protegidos por sistemas cada vez más sofisticados, y los más pobres, que podrían tener que acudir a medios informales, a veces ilegales, para asegurar su seguridad".

The Guardian actualizó sus datos de 2011 incluyendo a 81 países y las estimaciones más recientes posibles del CoESS, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro de Ginebra para el Control Democrático de Fuerzas Armadas, las Naciones Unidas y otros organismos: de los 81 países con estadísticas fiables, los trabajadores de seguridad privada superan a las fuerzas policiales en 44 de ellos, que suman unos 4.000 millones de personas (más de la mitad de los 7.000 millones y medio de personas que viven en el mundo).

En 2011, la Encuesta de Armas Ligeras advertía de que el rápido crecimiento de la industria de seguridad privada en todo el mundo había "sido más veloz que la regulación y que los mecanismos de control". Hoy en día el código de conducta internacional para proveedores de seguridad privada es voluntario. Según los críticos, la industria necesita algo mejor que auto-regularse.

En la universidad de Denver, Avant codirige el  Private Security Monitor (Control de Seguridad Privada), un observatorio que lleva desde los años 90 recolectando datos de incidentes protagonizados por guardias privados de África, América Latina y el Sudeste Asiático involucrados en manifestaciones, disturbios, huelgas o conflictos, o relacionados con muertos o heridos por hacer su trabajo "rutinario".

En Bruselas, los eurodiputados de Asuntos Exteriores y los comités de Defensa pidieron este mes nuevas reglas para las empresas de seguridad privada en Europa. También, que se les prohíban las funciones militares. Se espera que el Parlamento Europeo vote en Estrasburgo la propuesta durante su sesión plenaria de junio.

Fuente: ELDIARIO.ES

Disponible en <http://www.eldiario.es/theguardian/industria-desigualdad-obsesionado-seguridad-privada_0_644286303.html>