Es práctica habitual que la empresa de Miguel Ángel Ramírez abone con retraso el salario a sus trabajadores.
En el mes de Febrero, los profesionales que vienen prestando servicios de
seguridad privada en las instalaciones de Defensa en la Comunidad de Madrid, han
visto cómo en el mes de Febrero no se les abonaba sus nóminas antes del día 5,
en la manera que establece el vigente convenio colectivo en su at.64.
No se trata de una situación excepcional, viene siendo frecuente que S.I.C, se
demore en el abono de sus nóminas, desde del pasado mes de Agosto del 2016.
La sección sindical de UGT en la empresa ha interpuesto denuncia en la
Inspección de Trabajo y ha requerido, en numerosas ocasiones, a la empresa que
abone los haberes en los plazos que marca el convenio colectivo. La empresa,
hasta la fecha, ha hecho caso omiso en una clara interpretación de desprecio hacia
sus profesionales que, sin duda, constituyen el valor más importante que tiene.
Los problemas comerciales entre el Ministerio de Defensa y su proveedor,
Seguridad Integral Canaria, si es que los hubiese, en ningún caso pueden
trasladarse a los profesionales que prestan seguridad privada en sus instalaciones.
Desde la sección sindical de UGT en Seguridad Integral Canaria y, desde el
sindicato sectorial de seguridad de FeSMC-Madrid, vamos a poner todos los
medios jurídicos y de acción sindical a nuestro alcance, para que en Defensa,
como en toda la Administración Pública, se realicen las contrataciones, con la
garantía y el cumplimento del convenio colectivo estatal y la Ley de Seguridad
Privada.
Somos conocedores que Defensa, en términos de legalidad, no es responsable
directo de las condiciones laborales de los trabajadores de empresas contratadas,
si bien, sí tiene una responsabilidad social sobre la contratación pública, como
garante de unas óptimas condiciones de empleabilidad que respeten el
ordenamiento jurídico.
Es absolutamente prioritario que en el Ministerio de Defensa, se tenga la
determinación y voluntad política de ser exigente con sus proveedores de
seguridad privada, al objeto de velar que desde la administración pública, que
sostenemos entre todos, no se produzcan situaciones de fraude e ilegalidad como
la que a través de la presente, queremos poner de manifiesto.
Y, por tanto, reiteramos que la administración pública tiene su responsabilidad social es
garantizar que las empresas con las que han externalizado sus servicios, cumplan con la
legalidad vigente y garanticen que los vigilantes, que custodian sus instalaciones, bienes y
personas incluidas, perciban, a primeros de mes, sus haberes.
Todos y las diferentes administraciones en primer lugar, debemos sumar esfuerzos para
conseguir que empresas como Seguridad Integral Canaria, Marsegur o Sinergias, operen en
el mercado de la seguridad privada respetando el convenio colectivo estatal, ofertando
servicios de calidad , no bajando los precios y precarizando el empleo..
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