Las Administraciones Públicas sitúan un número importante de vigilantes de seguridad en la protección de sus instalaciones que además están consideradas como de alto riesgo.
Metro de Madrid, Ministerio de Defensa, centros de refugiados, centros de menores, Adif, Renfe y TVE, son sólo un ejemplo de instalaciones custodiadas por vigilante de seguridad para las que el gobierno tiene como única argumentación de adjudicación a empresas de seguridad con la oferta económica más baja.
La situación descrita conlleva que las mencionadas empresas no abonen las nóminas a sus trabajadores y trabajadoras, así como sitúan su estrategia empresarial y continuos fraudes a la Tesorería, Hacienda y Seguridad Social.
Esta situación deja en indefensión a los trabajadores y trabajadoras del sector y no garantiza una correcta y adecuada seguridad para la ciudadanía.
UGT ha solicitado reuniones con el Ministro de Interior y la Ministra de Empleo y Seguridad Social para abordar con rigor un modelo de seguridad privada que garantice la calidad en el empleo y los servicios a prestar. En igual forma, ha solicitado de los grupos parlamentarios la responsabilidad subsidiaria para los tomadores de servicios de seguridad a incorporar en la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
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Movilicémonos YA frente a la puerta del Ministerio de Administraciones Públicas.
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